El presidente Alberto Fernández anunció hoy durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que impulsará una “querella criminal” para “determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, en alusión al alto nivel de endeudamiento que contrajo la administración de Mauricio Macri con el FMI.
El propio Mauricio Macri en enero de 2020, cuando llevaba menos de dos meses fuera del Ejecutivo, reconoció que el nivel de endeudamiento que marcó a su gobierno está en la base de la profunda crisis económico, social y financiera que atraviesa el país luego de cuatro años de políticas neoliberales impulsadas desde la Casa Rosada.
“Siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda” aseguró el ex mandatario en un intento por deslindar su responsabilidad de la pesada herencia que dejó su gestión.
Y siguió como si jamás hubiese estado al frente del Poder Ejecutivo: “No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla”.
Y no erró en este punto el diagnóstico de la herencia que dejó. Es que Macri estuvo al frente del mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentina.
Entre 2015 y 2019 el peso de la deuda argentina creció un 87% y pasó a representar el 91% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Al momento de asumir la presidencia Macri en diciembre de 2016 el ratio deuda/PBI era sensiblemente menor y llegaba al 52%.
Al fenomenal proceso de endeudamiento se sumó el corto plazo de los vencimientos de deuda aceptados. Así la Argentina deberá hacer frente entre 2020 y 2023 a vencimientos en torno a los 50 mil millones de dólares por año.
Y coronó este proceso con un bono por el cual los argentinos deberán pagar intereses durante los próximos 100 años.
Minutos después de que finalizará el acto en el Congreso, el Banco Central informó que elevó a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional para determinar si generaron perjuicios al Estado.
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