La fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, se refirió a la postura de la provincia de Formosa en cuanto a la caza furtiva del ejemplar del yaguareté en Estanislao del Campo, solicitando “sanciones ejemplares para todos los involucrados en el delito”.
En este marco, dejó en claro que “desde la causa anterior, similar a esta, ya tenemos las instrucciones dadas por el gobernador Gildo Insfrán, donde nos hemos constituido como querellantes y está en la justicia federal”.
Y explicó que “en el actual todavía no se ha declarado la competencia de la justicia provincial y estamos esperando que se instruya debidamente a la Fiscalía de Estado para que repitamos nuestra actuación como querellante”.
Siguiendo esta línea, enfatizó en que “Formosa le da importancia a estos temas, llegando al punto en que junto con Parques Nacionales, la Provincia tuvo audiencias ante el juez federal, el doctor Pablo Morán”, y resaltó que “fue él quien destacó que se ha visto acompañado, por primera vez, de esta manera”.
Además, indicó que la Provincia, al delito anterior, incluso ya planteó calificarlo como “un daño ambiental estimado en 350 millones de pesos por el hecho de la muerte del yaguareté”, y aclaró que “este es un importe sin actualizar”.
Zabala mencionó que “desde el primer momento nos opusimos a la excarcelación bajo caución juratoria del depredador que causó la muerte del ejemplar anterior. Entonces recurrimos y se fijó una caución real y está con pruebas”, afirmó.
Por eso, subrayó que “nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, destacando que “Formosa tiene Ley Provincial de Protección al Medio Ambiente y una adhesión a la Ley Nacional de Protección al Yaguareté, emitiendo su propia ley que declara al yaguareté Monumento Natural Provincial en Formosa”.
“No es un hecho menor, por eso queremos que para estos cazadores caiga todo el peso de la ley, por el daño que causan a nuestra fauna y a un animal que ha generado por parte de la provincia tanta protección”, expresó.
Y aseveró que “este delito, por la Ley Ambiental, tiene sanciones de cuatro meses a cuatro años de cárcel”, insistiendo en que “nosotros queremos cárcel, como lo planteamos desde el principio, y que la eximición de prisión, que por el tipo de delito corresponde, no sea con una caución juratoria, o sea con la promesa simplemente”.
Puntualizó en que “debe ser con una caución real, es decir que deposite plata para poder ser eximido mientras dure el proceso, y ese valor se fijó, en su momento, por parte del juez federal en 3.500.000 pesos”.
En este sentido, manifestó que “si nos atenemos a las armas, cuestan una fortuna”, por eso, insistió en que “no hay excusas”, y que “hagan lo que tengan que hacer, pero que paguen y también con cárcel, por el perjuicio que causan”.
“Nadie a esta altura, con toda la información que circula en los medios, puede dudar de lo que significa el yaguareté, o la protección de la fauna”, aseguró firme.
Asimismo, expuso que la denuncia de esta nueva muerte a este animal, que estaba siendo monitoreado por la provincia, a través de cámaras trampa y está protegido por la legislación vigente, “está radicada hasta ahora, en Las Lomitas y todavía la jueza Gabriela Plazas no ha dado la competencia, pero va a suceder”.
Entonces, marcó que “cuando se produce un hecho de esta magnitud, nosotros queremos que sea con todo el rigor de la ley, tiene que ser realmente un castigo ejemplar”.
La fiscal, al concluir, recalcó que “intervenir y actuar rápidamente es absolutamente una decisión del Gobierno provincial, no sólo de actuar como querellante en otros casos, sino también dictando leyes pertinentes en su momento”, y resaltó “el papel de la Policía que acudió cuando se produjo el hecho y el del Ministerio de la Producción y Ambiente que accionó inmediatamente”.
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