El abogado Hugo Tomei pidió a la Justicia que se investigue si el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa cometió dichos delitos.
El abogado defensor de los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesellpidió a la Justicia que investigue si el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, cometió los delitos de apología del crimen e intimidación pública, al realizar “expresiones públicas de riesgo para la vida de los imputados”.
En un escrito presentado ante el juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, el letrado Hugo Tomei solicitó además la intervención del Colegio de Abogados para que evalúe la conducta ética profesional del letrado y que se lo intime a que cese en ese tipo de manifestaciones contra sus defendidos.
El defensor fundamentó sus planteos en declaraciones públicas realizadas por Burlando durante una entrevista telefónica que concedió al canal América TV entre el 19 y 21 de febrero pasados.
Según transcribió Tomei en su escrito, el representante de la familia Báez dijo en esa oportunidad que le daban “ganas” de defender a los reclusos del penal de Dolores en caso de que éstos les hicieran algo a los rugbiers detenidos.
“El nombrado profesional (Burlando) confirma el contenido de las futuras agresiones denunciadas, cuando reitera en tres oportunidades, que le dan ganas de defender a quien se disponga a matar a los imputados”, expresa Tomei.
Y agrega: “El mensaje que envió a todos los ciudadanos, especialmente, a los internos de las cárceles, debe entenderse fácilmente como un aval para todo aquel que quiera atentar contra de la vida de todos los imputados, ocho detenidos y dos en libertad, quienes han sido denominados por el letrado desde sus primeras expresiones públicas en los medios de comunicación como: ‘residuos escatológicos’, ‘asesinos’, ‘hijos de puta’; ‘mafiosos’; ‘cobardes’, repugnantes, etc.”
Para el defensor, “Burlando no solo robusteció las denominaciones sustantivas que venía utilizando, sino que fue más lejos aún; afirmó que estaba dispuesto a defender a quienes los mataran”.
Por tal motivo, consideró que el representante del particular damnificado debe ser investigado penalmente como presunto autor de los delitos de intimidación publica y apología del crimen, al tiempo que su conducta tiene que ser evaluada por el Colegio de Abogados.
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